Delitos financieros

Los delitos financieros no se limitan a causar perjuicios individuales, sino que constituyen una grave amenaza para la confianza y la estabilidad del conjunto de los mercados financieros.

En el caso de las empresas, los delitos financieros cometidos por directivos y empleados pueden afectar gravemente a la confianza en la empresa, la cotización bursátil y la continuidad de la gestión. Además, las deficiencias de control interno pueden dar lugar a sanciones de supervisión financiera e incluso a sanciones penales.

Asimismo, la implicación en delitos financieros puede causar pérdidas graves si no se dispone de un sistema especializado de respuesta jurídica que abarque desde las actuaciones iniciales ante la investigación hasta las investigaciones internas y la gestión del riesgo de sanciones.

El blanqueo de capitales es el proceso de dar apariencia lícita a fondos obtenidos ilegalmente.

Quien cometa blanqueo de capitales infringiendo la 「Ley de la República de Corea sobre la Regulación y Sanción de la Ocultación del Producto del Delito」 estará sujeto a las siguientes penas.

El fraude financiero consiste en obtener ilícitamente un beneficio engañando o induciendo a error a otra persona en una operación financiera.

El fraude financiero presenta tipos y métodos muy diversos, como el fraude financiero por telecomunicaciones y el fraude de inversión, y el número de casos reales con víctimas sigue aumentando.

Quien cometa fraude financiero puede ser objeto de una sanción penal y también puede enfrentarse a una reclamación de indemnización por daños y perjuicios presentada por la víctima.

Las operaciones con información privilegiada consisten en que personas consideradas internas, como directivos, empleados o accionistas principales de una empresa, utilizan información no pública para obtener un beneficio indebido.

Quien realice operaciones con información privilegiada será castigado con una pena de prisión de duración determinada de al menos 1 año o una multa penal equivalente a entre 4 y 6 veces el beneficio obtenido o la pérdida evitada mediante la infracción (Ley de Servicios de Inversión Financiera y Mercados de Capitales de la República de Corea, artículo 443, apartado 1, punto 1).

Si el beneficio obtenido o la pérdida evitada mediante las operaciones con información privilegiada asciende a 500.000.000 de wones surcoreanos o más, se impondrá una pena agravada.

Las investigaciones de delitos financieros suelen comenzar a raíz de una inspección de los organismos de supervisión financiera o de la detección de operaciones anómalas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera de Corea (FIU).

Sobre la base de información relativa a flujos anómalos de fondos, operaciones en efectivo de elevada cuantía e informes de operaciones sospechosas, la Unidad de Inteligencia Financiera de Corea (FIU) notifica los hechos a las entidades financieras o a las autoridades investigadoras. A continuación, comienza el seguimiento de las cuentas correspondientes y el análisis de las operaciones.

Durante este proceso se descubren métodos diversos, como la cesión de cuentas bancarias, el uso abusivo de cuentas de empresas y las operaciones con monederos de criptoactivos. Las autoridades investigadoras procuran determinar con rapidez el origen y la finalidad de los flujos de fondos.

Cuando los indicios se concretan, las autoridades investigadoras llevan a cabo registros e incautaciones, seguimientos de cuentas y análisis forenses en virtud de un mandamiento judicial.

Dado que el análisis de los rastros digitales y de los flujos de fondos es fundamental en los delitos financieros, también pueden ser objeto de investigación los servidores, correos electrónicos y registros de mensajería del investigado o de la empresa.

Asimismo, si se considera que existe riesgo de fuga o de destrucción de pruebas, pueden adoptarse medidas coercitivas contra el investigado, como la prohibición de salida del país, el requerimiento de datos relativos a las comunicaciones o la solicitud de una orden de prisión provisional.

La Comisión de Determinación de las Penas de la República de Corea establece los siguientes criterios de determinación de la pena para los delitos financieros.

▶ Circunstancias atenuantes

▶ Circunstancias agravantes

Si ha sido víctima de un delito financiero, la primera medida que debe adoptar es comunicar activamente los hechos y presentar una denuncia penal.

Además de presentar una denuncia penal ante una comisaría de policía o una fiscalía coreana, según el tipo de caso también puede formularse una reclamación o comunicar los daños al Servicio de Supervisión Financiera de Corea o a la Unidad de Inteligencia Financiera de Corea (FIU), entre otros organismos.

Asimismo, con independencia de solicitar la sanción penal del investigado, es posible reclamar la reparación de las pérdidas económicas efectivas mediante una reclamación civil de indemnización por daños y perjuicios.

En particular, cuando existan fondos ocultos mediante criptoactivos o cuentas a nombre de terceros, la adopción de medidas jurídicas rápidas, como la solicitud de un embargo preventivo, resulta fundamental para recuperar los daños.

※ Es importante recopilar pruebas. Las grabaciones de llamadas, los mensajes de texto y de aplicaciones de mensajería, los justificantes de transferencias y los extractos de operaciones constituyen elementos fundamentales para acreditar la responsabilidad jurídica.

Si es investigado como sospechoso de un delito financiero, la orientación de las actuaciones iniciales puede influir en el resultado del caso.

Cuando reciba un requerimiento de comparecencia de las autoridades investigadoras, conviene determinar primero los hechos que se le imputan, el alcance de la investigación y las pruebas relacionadas. También es aconsejable no actuar en solitario y consultar previamente a un abogado especializado.

En particular, en los asuntos con flujos de fondos o estructuras contractuales complejas, una mera explicación no basta para disipar las sospechas. Resulta fundamental asegurar la coherencia de la explicación y su fundamento jurídico.

Además, las declaraciones innecesarias pueden utilizarse en su contra, por lo que es preciso establecer estratégicamente el contenido y la orientación de la declaración.

※ Durante la investigación, es peligroso asumir que «reconocer los cargos reduce necesariamente la pena». La decisión sobre la declaración debe adoptarse después de recibir asesoramiento jurídico.

Las empresas deben establecer sistemáticamente un sistema de control interno para prevenir riesgos como la utilización indebida de fondos, la filtración de información y la presentación de informes falsos dentro de la organización.

En particular, deben incluirse necesariamente procedimientos para el pago y la autorización de fondos, restricciones de acceso a la información de los clientes y una doble comprobación de los registros contables.

El sistema de control interno no debe limitarse a su documentación, sino que debe estar compuesto por procedimientos aplicables al trabajo efectivo. Asimismo, debe mantenerse una estructura que permita subsanar y corregir continuamente las vulnerabilidades mediante revisiones periódicas de riesgos y auditorías internas.

Una proporción considerable de los delitos financieros que se producen dentro de las empresas se debe a la conducta dolosa o negligente de personas internas.

Para prevenirlos, debe implantarse la figura de un responsable independiente de cumplimiento normativo y establecerse un sistema que permita supervisar permanentemente los riesgos de incumplimiento de cada departamento.

Asimismo, el sistema interno de denuncias constituye un medio importante para detectar y abordar en una fase temprana los actos ilícitos o irregulares cometidos dentro de la empresa.

Debe garantizarse estrictamente el anonimato de los denunciantes y la adopción de medidas para protegerlos. El sistema también debe permitir que las denuncias recibidas sean tramitadas objetivamente por los departamentos jurídico y de auditoría, entre otros.

Las empresas deben establecer y aplicar directrices sistemáticas de cumplimiento normativo para prevenir los delitos financieros y cumplir la legislación.

Estas directrices deben incluir la prevención del blanqueo de capitales (AML), la protección de datos personales y los procedimientos de control interno. También deben impartirse periódicamente actividades de formación y realizarse comprobaciones para que su contenido se conozca y se aplique en la práctica.