Asesoramiento jurídico empresarial

Las razones por las que resulta necesario el asesoramiento jurídico empresarial son las siguientes.

① Prevención de los riesgos jurídicos
Es esencial revisar con antelación los posibles riesgos jurídicos derivados de la gestión empresarial y eliminar los factores contrarios a Derecho para prevenir consecuencias legales desfavorables, como sanciones pecuniarias administrativas (gwajinggeum), sanciones penales e indemnizaciones civiles por daños y perjuicios.

El asesoramiento jurídico periódico permite responder oportunamente a las reformas legislativas, las tendencias de las investigaciones administrativas y los cambios jurisprudenciales.

② Respuesta oportuna y estratégica ante las controversias
Cuando surge una controversia, la asistencia jurídica estratégica de un abogado permite gestionar eficazmente procesos civiles y penales, investigaciones de la Comisión de Comercio Justo de la República de Corea, inspecciones tributarias y denuncias penales.

La intervención de un profesional jurídico desde las primeras fases del asunto facilita la recopilación de pruebas, la organización de los argumentos jurídicos y la preparación de una estrategia de negociación, lo que puede reducir los daños para la empresa.

③ Protección de la reputación corporativa y de la confianza externa
Una infracción legal puede perjudicar gravemente la imagen pública de la empresa, la confianza de sus socios comerciales, la captación de inversiones y la participación en licitaciones.

Para prevenirlo, es necesario gestionar de forma anticipada los riesgos reputacionales mediante revisiones previas de los riesgos jurídicos, formación para prevenir controversias y un sistema de cumplimiento normativo.

④ Respuesta anticipada a los cambios del entorno empresarial y a las reformas legislativas
Las regulaciones empresariales, incluidas la Ley de Regulación de Monopolios y Comercio Justo y la Ley de Protección de Datos Personales de la República de Corea, así como las normas sobre ESG y plataformas, cambian con rapidez. Por ello, deben vigilarse periódicamente las reformas legislativas y las orientaciones de las políticas públicas para adaptar la estrategia empresarial, las normas internas y las condiciones contractuales.

El asesoramiento jurídico permite consultar periódicamente las últimas tendencias legislativas y la interpretación de la jurisprudencia.

⑤ Asesoramiento sobre la mejora de la estructura empresarial y la adecuación a Derecho de las operaciones
La revisión jurídica de estructuras complejas, como las operaciones entre empresas vinculadas, la financiación, las operaciones con personas especialmente relacionadas, las M&A y las concentraciones empresariales, permite reducir los riesgos relacionados con prácticas comerciales desleales, la apropiación de beneficios privados y la evasión fiscal, así como reforzar la legalidad y transparencia de las operaciones.

En particular, la competencia, la fiscalidad y la regulación de los mercados de capitales son ámbitos difíciles de gestionar sin asesoramiento jurídico previo.

⑥ Formación para prevenir riesgos jurídicos entre directivos y empleados y refuerzo del control interno
Es importante reforzar el sistema de control interno y prevenir infracciones mediante la formación jurídica periódica y la elaboración de directrices dirigidas a los directivos y empleados sobre los principales riesgos jurídicos, los casos de incumplimiento y las medidas de respuesta.

⑦ Respuesta a las normas ESG y ambientales y formulación de estrategias de gestión sostenible
El incumplimiento de las normas ESG relativas, entre otras materias, a la neutralidad de carbono, la normativa ambiental, los derechos humanos en la empresa, la gestión ética y los deberes de información puede conllevar sanciones pecuniarias administrativas (gwajinggeum), sanciones penales y restricciones en las operaciones financieras.

En el entorno empresarial actual, resulta necesario evaluar los riesgos jurídicos ESG y formular una estrategia de gestión sostenible con apoyo del asesoramiento jurídico.

El asesoramiento jurídico empresarial puede prestarse de diversas formas.

Es importante contar con el asesoramiento de abogados especializados en empresas que tengan experiencia en diversos asuntos jurídicos empresariales, los analicen desde la perspectiva de la empresa y evalúen los posibles riesgos jurídicos para orientar también la dirección de la actividad.

El procedimiento de asesoramiento jurídico empresarial se desarrolla del siguiente modo.

1. Solicitud de asesoramiento jurídico empresarial

2. Celebración de un acuerdo de asesoramiento jurídico tras la consulta

3. Entrega de la documentación relativa a las cuestiones que requieren asesoramiento jurídico empresarial y comunicación continua entre las partes

4. Comentarios continuos y comunicación de las modificaciones

5. Prestación continua de asesoramiento jurídico empresarial durante el periodo contractual

La comunicación se realiza a través de redes sociales y correo electrónico, y se constituye un equipo de trabajo dirigido por abogados especializados en empresas para mantener una comunicación y un intercambio de observaciones continuos.

Cuando se solicita asesoramiento sobre la constitución de una empresa, asistencia en la redacción de documentos, juntas de accionistas, cuestiones relacionadas con el funcionamiento del consejo de administración, gestión de distribuidores o revisión de documentos relativos a franquiciados, la documentación se revisa tras su envío y las modificaciones se comunican en un plazo breve.

Cuando una empresa celebra contratos con terceros, pueden surgir controversias si no gestiona correctamente la interpretación de sus cláusulas, la relación entre derechos y obligaciones, las disposiciones de resolución y el alcance de la indemnización por daños y perjuicios.

En particular, también deben revisarse los efectos jurídicos y los requisitos de validez al formalizar contratos de subcontratación, OEM, MOU, NDA (acuerdos de confidencialidad) y memorandos de entendimiento.

La validez del contrato, las controversias interpretativas, la responsabilidad por incumplimiento contractual y las cláusulas penales también suelen ser objeto de disputa.

Para prevenir estos problemas, debe establecerse un sistema de revisión jurídica previa a la celebración de los contratos y de seguimiento de su ejecución.

Son frecuentes las controversias relacionadas con los contratos de trabajo, las medidas disciplinarias, los despidos, los salarios, los días de descanso y la jornada laboral.

Los despidos improcedentes, los salarios impagados, el acoso laboral y el acoso sexual pueden derivar fácilmente en controversias legales, lo que incrementa los riesgos para la empresa.

Resulta esencial actualizar la normativa de personal, gestionar la formalización de los contratos de trabajo, garantizar la legalidad de los procedimientos disciplinarios y establecer un sistema interno de tramitación de reclamaciones.

Los principales riesgos incluyen las conductas colusorias restrictivas de la competencia, el abuso de la posición contractual, las prácticas comerciales desleales y las infracciones de la Ley de Transacciones Justas en la Subcontratación, la Ley de Transacciones Justas en el Negocio de Franquicias y la Ley de Transacciones Justas con Agentes Distribuidores de la República de Corea.

En particular, se producen reiteradamente negativas injustificadas a contratar, discriminación de precios, ventas vinculadas, captación desleal de clientes, operaciones de intermediación injustificada, apropiación de beneficios privados y uso indebido de información técnica, por lo que son necesarias las revisiones preventivas y la formación jurídica periódica.

La protección de los derechos sobre activos intangibles, como patentes, marcas, diseños y derechos de autor, y la respuesta ante las infracciones son esenciales para proteger el valor de la empresa.

También deben prevenirse las indemnizaciones por daños y perjuicios, las sanciones penales y el deterioro de la imagen corporativa derivados de la vulneración de derechos ajenos, y debe definirse claramente la titularidad de los derechos correspondientes a los directivos, empleados y empresas colaboradoras.

Es aconsejable preparar con antelación las solicitudes de patentes, marcas y diseños, los contratos de licencia, el registro de derechos de autor y los protocolos de respuesta ante infracciones.

El incumplimiento de las obligaciones legales durante la recogida, utilización, conservación y supresión de datos personales de clientes, directivos, empleados y empresas colaboradoras puede dar lugar a sanciones pecuniarias administrativas (gwajinggeum), sanciones penales y reclamaciones de indemnización por daños y perjuicios.

Resulta esencial elaborar una política de tratamiento de datos personales, formularios de consentimiento, contratos de encargo del tratamiento y un plan de gestión interna, además de disponer de un protocolo de respuesta ante filtraciones de datos personales.

El cumplimiento inadecuado de las obligaciones tributarias relativas al impuesto sobre sociedades, el impuesto sobre el valor añadido y las retenciones puede generar riesgos de recargos por declaración insuficiente o pago tardío, imposición de recargos e inspecciones tributarias.

Las operaciones financieras, las transmisiones de activos y las operaciones entre empresas vinculadas deben revisarse simultáneamente conforme a la legislación tributaria y a la Ley de Regulación de Monopolios y Comercio Justo de la República de Corea.

Debe colaborarse con abogados especializados en fiscalidad y asesores fiscales para realizar evaluaciones trimestrales de riesgos y revisar paralelamente las declaraciones tributarias.

Las empresas, sus directivos y sus empleados pueden verse implicados en diversos tipos de asuntos penales, como abuso de confianza en el ejercicio profesional, apropiación indebida, infracciones de la Ley de Regulación de Monopolios y Comercio Justo de la República de Corea, delitos financieros, accidentes laborales, filtraciones de datos personales, difamación y acusaciones o denuncias falsas.

Como un asunto penal puede afectar gravemente a la reputación y a la continuidad de la actividad empresarial, resulta esencial obtener asesoramiento jurídico y preparar un protocolo de gestión de crisis antes de que se produzca.

El incumplimiento de las normas aplicables a ámbitos ESG, como las emisiones de carbono, la gestión de residuos, la gestión ambiental de fábricas e instalaciones y los derechos humanos laborales, puede conllevar consecuencias desfavorables, incluidas sanciones pecuniarias administrativas (gwajinggeum), responsabilidad civil y penal y restricciones de préstamos e inversiones por parte de entidades financieras.

Se requiere una preparación sistemática, como la elaboración de listas de comprobación del cumplimiento de las normas ESG, evaluaciones de impacto ambiental e informes de sostenibilidad.

Para prevenir los riesgos jurídicos empresariales, puede utilizarse la siguiente lista de comprobación.

✔️Existencia de un registro de las revisiones jurídicas de los principales contratos mercantiles

✔️Legalidad de la normativa de personal y de los contratos de trabajo de directivos y empleados

✔️Revisión de los riesgos de infracción de la Ley de Regulación de Monopolios y Comercio Justo, la Ley de Transacciones Justas en la Subcontratación y la Ley de Transacciones Justas en el Negocio de Franquicias de la República de Corea

✔️Situación del registro de derechos de patente, marca, diseño y derechos de autor y revisión de los riesgos de infracción

✔️Actualización de la política de tratamiento de datos personales, los formularios de consentimiento, los contratos de encargo del tratamiento y el protocolo de respuesta ante filtraciones

✔️Establecimiento de un protocolo de gestión de riesgos penales y de un sistema de respuesta jurídica

✔️Aplicación de una lista de comprobación del cumplimiento de las normas ESG y ambientales y realización de evaluaciones de impacto ambiental

✔️Celebración de reuniones trimestrales de revisión de riesgos jurídicos y funcionamiento de un equipo de asesoramiento jurídico

✔️Existencia de un protocolo de respuesta oportuna ante controversias legales y designación de una persona responsable de los asuntos jurídicos