CONTENIDO
- 1. Evolución legislativa de la Ley de Baterías Usadas
- - Contexto legislativo y limitaciones de la estructura institucional
- 2. Principales aspectos de la Ley de Baterías Usadas
- - Cuestiones esenciales
- 3. Principales riesgos jurídicos y aspectos de respuesta relacionados con la Ley de Baterías Usadas
- - Asistencia de Daeryun en relación con las baterías usadas
1. Evolución legislativa de la Ley de Baterías Usadas
El 30 de marzo de 2026, la Comisión de Legislación y Asuntos Judiciales de la Asamblea Nacional de la República de Corea aprobó con modificaciones el «Proyecto de Ley sobre la Gestión y el Fomento Industrial de las Baterías Usadas» (en adelante, «Ley de Baterías Usadas»), cuya aprobación por el pleno se prevé próximamente.
Se espera que este proyecto funcione como una ley marco que redefine las baterías usadas como recursos industriales y regula de forma integrada todo su ciclo de vida, incluidos su distribución, reutilización, remanufacturación y reciclaje.
La iniciativa reviste especial importancia porque pretende garantizar la estabilidad de la cadena de suministro y la competitividad industrial ante la expansión de los vehículos eléctricos y los sistemas de almacenamiento de energía (ESS), así como ante el endurecimiento de la regulación internacional, incluida la normativa de la UE sobre baterías.
Contexto legislativo y limitaciones de la estructura institucional
El sistema vigente en la República de Corea ha considerado las baterías usadas como residuos y las ha regulado de manera fragmentada mediante distintas normas, entre ellas la «Ley Marco de Circulación de Recursos» y la «Ley de Gestión de Vehículos».
Como consecuencia, se han señalado de forma recurrente problemas como las limitaciones para su industrialización y la generación de valor añadido, la duplicidad normativa, la ineficiencia administrativa y la falta de coherencia de las políticas.
En el mercado internacional, por otra parte, la recuperación de recursos procedentes de baterías se está convirtiendo en un elemento esencial de las estrategias de la cadena de suministro, mientras que el entorno de la regulación comercial también cambia con rapidez, como demuestra la aplicación de la normativa de la UE sobre baterías.
En este contexto, el proyecto de ley tiene como objetivo establecer las bases institucionales para sustituir una estructura centrada en la regulación medioambiental por otra orientada a la política industrial.
2. Principales aspectos de la Ley de Baterías Usadas
A continuación se exponen los principales aspectos de la Ley de Baterías Usadas.
Conversión jurídica en recurso industrial y ámbito de aplicación
Las baterías usadas se regulan como recursos industriales, no como residuos, y la ley se aplica a las siguientes categorías:
- Baterías de vehículos eléctricos, híbridos y de hidrógeno
- Baterías instaladas en maquinaria de construcción y agrícola
- Otras baterías de sistemas de almacenamiento de energía
Asimismo, esta ley se aplicará con carácter prioritario cuando otras normas no contengan disposiciones especiales.
Creación de un comité de políticas y sistema integrado de gestión
Se creará el «Comité de Políticas sobre Baterías Usadas», adscrito al Ministerio de Finanzas y Economía de la República de Corea, que coordinará las políticas y supervisará, entre otros ámbitos, las transacciones, el registro, la gestión de la seguridad, el sistema de trazabilidad y la promulgación y modificación de la normativa.
Este comité desempeñará la función de órgano central de coordinación de las políticas industriales, medioambientales y de seguridad.
Sistema regulador por tipo de operador
① Operadores de distribución
- Obligación de registro
- Autorización exclusiva de operaciones entre operadores registrados
- Sanciones penales en caso de incumplimiento
② Operadores de reutilización
- Obligación de registro
- Refuerzo de la responsabilidad de protección de los consumidores mediante la obligación de adherirse a un sistema de garantía mutua o contratar un seguro
③ Operadores de remanufacturación
- El registro conforme a la «Ley de Gestión de Vehículos» sustituye al registro previsto en esta ley
- No obstante, existen obligaciones específicas de cumplimiento y de suministro de información sobre la evaluación del rendimiento
④ Operadores de reciclaje
- La autorización conforme a la «Ley de Gestión de Residuos» sustituye al registro previsto en esta ley
- Se aplican requisitos de cumplimiento específicos
Esta estructura reduce parcialmente la duplicidad normativa para cada tipo de operador, pero refuerza su gestión efectiva y sus responsabilidades.
Obligaciones de evaluación del rendimiento e inspección de seguridad
- Evaluación obligatoria del rendimiento antes de retirar la batería
- Inspección de seguridad obligatoria antes de su distribución
- Inspección periódica de seguridad cada 3 años
En particular, se han introducido sanciones penales por falsificar o alterar las evaluaciones del rendimiento y sanciones administrativas pecuniarias por no efectuarlas.
Certificación de materias primas recicladas y objetivos de contenido reciclado
- Certificación de la producción de materias primas recicladas (Ministerio de Medio Ambiente de la República de Corea)
- Certificación del porcentaje de contenido reciclado (Ministerio de Comercio, Industria y Energía de la República de Corea)
- Posibilidad de establecer objetivos de contenido de materias primas recicladas
Está previsto que el sistema de objetivos de contenido reciclado se aplique por separado dentro de los 2 años siguientes a la entrada en vigor de la ley. Se trata de una regulación esencial directamente relacionada con la adaptación a la normativa de la UE sobre baterías y con la estrategia de la cadena de suministro.
Políticas de fomento y apoyo industrial
- Creación de un sistema público de transacciones
- Funcionamiento de un sistema de trazabilidad
- Recomendación de adquirir con carácter preferente productos remanufacturados y reutilizados
- Posibilidad de conceder incentivos fiscales
- Apoyo al desarrollo tecnológico y a la formación de personal especializado
Cuestiones esenciales
Una cuestión esencial es que la estructura depende de normas de rango inferior.
Aspectos fundamentales como los requisitos de registro, las categorías sujetas a evaluación del rendimiento, los objetivos de contenido reciclado y el funcionamiento de los sistemas se delegan en decretos presidenciales y disposiciones administrativas, por lo que el nivel efectivo de regulación quedará determinado por dichas normas.
También se plantean problemas de coherencia con otras leyes. Es necesario coordinar la nueva regulación y resolver posibles conflictos con la Ley de Gestión de Vehículos, la Ley de Gestión de Residuos y la Ley de Restricción de Tratamientos Fiscales Especiales, entre otras normas de la República de Corea.
Además, se considera necesario responder a la normativa de la UE.
El porcentaje de materias primas recicladas, la gestión de la cadena de suministro y los sistemas de certificación están directamente vinculados a la normativa de la UE sobre baterías. Por tanto, la adaptación de la legislación nacional se encuentra estrechamente relacionada con la respuesta a la regulación internacional.
3. Principales riesgos jurídicos y aspectos de respuesta relacionados con la Ley de Baterías Usadas
Dado que la Ley de Baterías Usadas establece un sistema jurídico centrado en la regulación y atribuye obligaciones y responsabilidades específicas a cada tipo de operador, las empresas deben examinar anticipadamente los riesgos correspondientes a su estructura empresarial.
En particular, la estructura combina el registro, la certificación, la gestión de la seguridad y la respuesta relativa a la cadena de suministro, por lo que resulta necesario establecer un sistema de cumplimiento normativo que abarque toda la empresa, y no una sola área.
Operadores de distribución: riesgos derivados de la obligación de registro y de las sanciones penales
Tras la entrada en vigor de la ley, los operadores de distribución deberán registrarse obligatoriamente ante el ministro de Comercio, Industria y Energía de la República de Corea, y únicamente se permitirán las operaciones entre operadores registrados.
Por consiguiente, la distribución, mediación o intermediación sin registro, así como las operaciones con operadores no registrados, podrán ser objeto de sanciones penales.
Además, los requisitos de registro, incluidos los relativos a las instalaciones y al personal, se han delegado en normas de rango inferior. En función del contenido del futuro decreto de desarrollo, podría resultar inviable mantener la estructura empresarial existente.
Aspectos que deben revisarse
- Examen previo de la obligación de registro y de sus requisitos
- Creación de un sistema para verificar el registro de las contrapartes
- Reorganización de la estructura empresarial conforme a la evolución de las normas de rango inferior
Operadores de reutilización: responsabilidad de protección de los consumidores y riesgos relacionados con los seguros
Además de registrarse, los operadores de reutilización deberán adherirse a un sistema de garantía mutua o contratar un seguro. Esta estructura les atribuye responsabilidad directa cuando se produzcan daños a los consumidores.
Dado que el rendimiento de las baterías usadas puede variar considerablemente entre productos y que existe un riesgo elevado de problemas de seguridad, un accidente puede generar riesgos de indemnización por daños y perjuicios en vía civil y de responsabilidad por productos defectuosos (PL).
En particular, los requisitos de contratación del seguro y el alcance de su cobertura pueden afectar directamente a la continuidad de la actividad.
Aspectos que deben revisarse
- Examen previo de la estructura y la cobertura de los sistemas de garantía mutua y los seguros
- Creación de un sistema de control de calidad basado en los resultados de la evaluación del rendimiento
- Establecimiento de un procedimiento para responder a los conflictos con consumidores
Operadores de remanufacturación: riesgos derivados de la doble regulación y las obligaciones de cumplimiento
Para los operadores de remanufacturación, el registro conforme a la «Ley de Gestión de Vehículos» se considera equivalente al previsto en la Ley de Baterías Usadas. Sin embargo, esta disposición puede entenderse como el inicio de una doble regulación, no como una reducción de la carga normativa.
Además de las obligaciones establecidas en la Ley de Gestión de Vehículos, se aplicarán por separado los requisitos de cumplimiento y la obligación de facilitar información sobre la evaluación del rendimiento previstos en la Ley de Baterías Usadas, por lo que podrían producirse conflictos o solapamientos normativos.
Aspectos que deben revisarse
- Análisis de posibles solapamientos con la Ley de Gestión de Vehículos
- Creación de sistemas de evaluación del rendimiento y suministro de datos
- Seguimiento integrado de las modificaciones de la normativa relacionada
Operadores de reciclaje: riesgos combinados de la regulación medioambiental e industrial
Aunque se reconoce la autorización de los operadores de reciclaje conforme a la «Ley de Gestión de Residuos», se les aplicarán requisitos adicionales de cumplimiento previstos en la Ley de Baterías Usadas.
Esta estructura combina la regulación de política industrial con el sistema existente, centrado en la regulación medioambiental, por lo que la intensidad reguladora podría aumentar en el futuro.
En particular, si durante el reciclaje de las baterías se producen contaminación medioambiental o accidentes de seguridad, podrían concurrir actos administrativos, responsabilidad penal y responsabilidad de indemnización por daños y perjuicios.
Aspectos que deben revisarse
- Comprobación de la coherencia normativa con la Ley de Gestión de Residuos
- Refuerzo de las normas de gestión medioambiental y de seguridad
- Elaboración de un manual de respuesta ante accidentes
Asistencia de Daeryun en relación con las baterías usadas
Daeryun, bufete situado en el 9.º puesto en la República de Corea (según las declaraciones del impuesto sobre el valor añadido presentadas ante el Servicio Nacional de Impuestos de la República de Corea en el año 25), presta servicios jurídicos para el conjunto del sector, incluidos el asesoramiento sobre la regulación de las industrias de las baterías y la energía, la gestión de los riesgos ESG y de la cadena de suministro, la adaptación a la normativa de desarrollo y el asesoramiento sobre políticas, así como la gestión de la regulación en materia de comercio justo, comercio internacional y medio ambiente.
Cuando una ley, como la Ley de Baterías Usadas, modifica la estructura de un sector, se requiere una respuesta integral vinculada a la estrategia empresarial que vaya más allá del examen jurídico.
🔗Reserva de consulta jurídica con un abogado de empresa: se recomienda realizar una revisión especializada desde la fase inicial para reducir los riesgos regulatorios e identificar oportunidades.
